Una canaria de 100 años podrá recuperar su dinero en 2032

Las participaciones preferentes en cajas y bancos, la penúltima modalidad de abusos bancarios en España, están mucho más extendidas de lo previsto en las Islas. Síntoma de ello son los casos concretos que empieza a tramitar el despacho grancanario asociado a la plataforma de afectados de preferentes, haciendo aflorar situaciones dramáticas y hasta grotescas en su origen.
Rodríguez, Parrilla y Pérez R&P Asociados lleva ya adelante casos que afectan a casi medio centenar de canarios entrampados en las firmas de unos contratos que, creyendo que eran simples imposiciones a plazo fijo de cantidades de dinero con una mejor rentabilidad, escondían en realidad una serie de acciones cuyo valor los marca el mercado, sin tener derecho ni a voz ni a voto en las entidades cuyos títulos habían adquirido sin saber de qué se trataba.
Es, por ejemplo, el caso de una anciana de Las Palmas de Gran Canaria, ingresada en una residencia para mayores, que con 100 años en la actualidad deberá esperar, ella y su hija de 80 años, hasta 2032 para recuperar los ahorros de su vida. En 2009, CajaMadrid logró colocar a estas dos clientes 100.000 euros de la madre y otros 25.000 euros de la hija entre preferentes y deuda subordinada cuando tenían 97 y 77 años, asegurándoles disponer del dinero siempre.
"Lo indignante de este caso", explican desde el despacho de la calle Constantino 9, en Triana, "es la asombrosa confianza que tiene el banco en la esperanza de vida de sus clientes, por que con la deuda subordinada la centenaria señora deberá tener la fortuna de cumplir veinte años más para poder recuperar su dinero". La fortuna, además, se debe a que parte de esos 125.000 euros de la vecina de LPGC y de su hija es en deuda subordinada recuperable, ya que quienes han contratado solo acciones preferentes dependen de que el mercado quiera esos títulos para recuperar su inversión. O emprender la acción civil contra la entidad bancaria.
En este sentido, R&P Abogados alerta de que la acción de anulabilidad solo puede ejercitarse en los cuatro años siguientes a la firma del mismo. Según la doctrina de audiencias provinciales que se maneja en estos casos, "debe computarse el plazo de caducidad desde que el consumidor ahorrador fuera consciente del incumplimiento del pago de los cupones o intereses".
Es en el proceso en el que también se encuentran los herederos de un comerciante fallecido en 2006, cuando apenas tres meses antes de morir de cáncer, la relación de vecindad que mantenía con el director de otra sucursal de CajaMadrid en Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de Triana, le llevó a traspasar todos sus ahorros del Sabadell a la entidad fusionada en Bankia.
El enganche, como siempre, fue una mayor rentabilidad -hasta un 8% por ser un cliente "preferente", vendían los bancarios a sus impositores- a los 320.000 euros que había ahorrado entre la liquidación de su negocio por haberse jubilado y la venta de un inmueble en 2000.
El fallecido nunca fue informado por su "vecino" director que adquiría un producto de alto riesgo de pérdida de la inversión y a perpetuidad: títulos de una caja sin derecho a votar en su asamblea general. Ni tampoco nada de ello supieron sus cuatro hijos, herederos de la presunta imposición a plazo fijo que  en realidad eran acciones preferentes, ya que del dinero pudieron disponer de 2007 a 2010 mientras el mercado compraba esas acciones y repercutía dividendos, lo que les hacía pensar que disponían del dinero como si fuera de una cuenta corriente.
Todo cambió, como en la mayoría de los casos, en 2011. "Les dijeron en Bankia que no podían devolverles el dinero porque el mercado está cerrado, fue toda la explicación que recibieron", denuncian en R&P Abogados, dispuestos a recuperar por la vía civil el tercio de la inversión original del padre  fallecido que todavía quedaba en el banco cuando "se cerró el mercado".
Casos como estos y otros, ejemplos concretos y las acciones convenientes de cómo actuar ante las entidades bancarias es lo que el despacho de abogados grancanario de la plataforma de afectados de las preferentes pretende aclarar en su próxima cita con ahorradores afectados e interesados en conocer las salidas judiciales a esos contratos. Este jueves, en el antiguo Club de Prensa Canaria (Club La Provincia) de la calle León y Castillo, explicarán algo más de esta penúltima modalidad conocida de abusos bancarios.

canariasahora

Lo de las preferentes es un robo aunque esté firmado, nadie se cree que esta señora quiere recuperar su dinero tras el fallecimiento y es que hay casos como uno que firmó recoger su dinero en 9.999, no hay nadie en la cárcel aún y es muy grave el delito que hay muchos ahorradores de mucho menos dinero que estos casos y les han hecho la misma faena, la justicia debe ser justa y no es una redundancia aunque lo parezca es una necesidad y un derecho